«Mientras hablamos en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad», cerró su intervención Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI). El colofón perfecto a dos sesiones históricas, la audiencia pública ante la Sala de Apelaciones de la CPI que debe decidir si prosigue la investigación contra Nicolás Maduro, generales y colaboradores en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante años.
No exagera Massidda. Más allá de que en este momento 271 prisioneros políticos permanezcan en las mazmorras de Maduro, entre ellos tres mujeres y un hombre con nacionalidad española, las torturas y los abusos están a la orden del día. Sólo cinco presos se han visto beneficiados hasta ahora de los Acuerdos de Barbados entre gobierno y oposición y con Estados Unidos como instigador.
Entre las últimas violaciones de la revolución destacan la detención ilegal hace 70 días y las torturas aplicadas al estudiante de Antropología y Derecho John Álvarez, de 24 años, a quien se le forzó para que grabara unos vídeos en contra de sindicalistas que protestan contra el gobierno. Los malos tratos le han provocado pérdida de visión, fallas renales y parálisis en una pierna.
«La estrategia asumida por el Estado es absurda para una corte internacional, basada en que es un país soberano para investigar y que así lo está haciendo. La Fiscalía les preguntó si estaban investigando 63 casos específicos y dijeron que tenían a 15 funcionarios condenados, todos ellos de baja jerarquía y, lo que es más importante, la investigación no fue por delitos de lesa humanidad», resumió para EL MUNDO Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, organización que defiende a buena parte de los presos políticos venezolanos.
De hecho, Massidda introdujo en su alegato el contenido de un escrito enviado a la CPI por el Foro Penal, en el que se demuestra que en Venezuela no existen leyes que reglamenten el Estatuto de Roma. «Esto es muy sólido e irrebatible: no se puede investigar porque no hay una ley», constató Romero.
Desde que comenzara en 2018 una carrera de obstáculos en busca de justicia, esta es la primera vez que se ven las caras ante el tribunal. Y en el banquillo chavista han destacado dos abogados muy caros: el famoso letrado inglés Ben Emmerson, protagonista de casos tan renombrados como la defensa del líder espiritual de Al Qaeda en Europa y de Julian Assange, activista de WikiLeaks, y, en un segundo plano, el español Aitor Martínez Jiménez, perteneciente al despacho del exjuez Baltasar Garzón.
Emmerson, que quiso justificar su fama con arrogancia pero con argumentos muy débiles, también ha defendido ante Naciones Unidas a Carlos Puigdemont y a otros líderes del independentismo, como Oriol Junqueras y los Jordis, Cuixart y Sánchez.
Garzón, por su parte, es uno de los abogados favoritos de Maduro. El exjuez español ha defendido al magnate colombiano Alex Saab, testaferro del «presidente pueblo» hoy encarcelado en EEUU y también ha participado en tribunales españoles en la demanda realizada por Nicolasito Maduro, hijo del dictador chavista, contra la defensora de derechos humanos Tamara Suju.
Convertido hoy en una de las vedettes del Grupo de Puebla, que suma a dirigentes populistas, revolucionarios, izquierdistas o progresistas de América Latina con José Luis Rodríguez Zapatero, Garzón visitó Caracas recientemente con su pareja, la exministra de Justicia Dolores Delgado. A ambos se les vio en el Hotel Humboldt en la cima del Ávila, convertido hoy en el lugar más emblemático de la burbuja millonaria para enchufados creada por la revolución.
