Sin cumplir los 25 años de condena por delitos de lesa humanidad y en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta Dina Boluarte se ha jugado parte de su frágil capital político dando su visto bueno a la excarcelación del peor dictador de la Historia de Perú. La fotografía de Alberto Fujimori, entre sus hijos Keiko y Kenji, con mascarilla y la botella de oxígeno a sus pies, dio la vuelta al mundo en minutos y agitó a la sociedad peruana nada más abandonar el penal limeño de Barbadillo.
Horas más tarde la foto se repitió pero ya en el interior del hogar de los Fujimori, entre sonrisas y en un escenario muy distinto. Megáfono en mano, los dos hermanos comparecieron ante la Prensa y frente a sus seguidores para dar las gracias «a las autoridades que hoy permiten que mi padre esté en casa», se congratuló Keiko. La excandidata presidencial también enfrenta un juicio por lavado de activos y una petición de condena, realizada por la Fiscalía, de 30 años de prisión.
Como si Perú quisiera concentrar su historia política contemporánea en unas pocas horas, la libertad de Fujimori coincidió con el primer aniversario del golpista Pedro Castillo, compañero de penal en Barbadillo, con la celebración del primer año de Boluarte en el poder y con la suspensión temporal por seis meses de la fiscal general, Patricia Benavides. La Junta Nacional de Justicia fue inexorable con quien es señalada de pergeñar una red de tráfico de influencias.
Benavides acusó ante el Congreso a la primera mandataria, a finales de noviembre, de ser la responsable de homicidio por 50 muertes durante las protestas de hace un año. Para que Boluarte salga indemne otra vez de estas acusaciones y mantenga la mayoría parlamentaria necesita el apoyo del Congreso, donde el fujimorismo (Fuerza Popular) cuenta con 22 de los 130 diputados.
Las encuestas confirman las peores cifras en décadas: la sucesora de Castillo apenas cuenta con el apoyo del 12% de los peruanos. Su año al frente del país ha viajado entre acusaciones y escándalos, una crisis permanente que nunca se pudo traducir en elecciones anticipadas ante la connivencia de distintas fuerzas políticas.
La salida de prisión de Fujimori ha reabierto heridas nunca cerradas, que se suman además a las provocadas durante la represión tras la caída de Castillo. Las protestas se repartieron por distintas zonas del país, en especial los mismos Andes que se levantaron contra Boluarte. «¡Esta democracia ya no es democracia; Dilma asesina, el pueblo te repudia!», cantaron los manifestantes en Huancavelica.
