La sede de la Fiscalía se ha convertido en el epicentro de las protestas en Guatemala en las últimas semanas en defensa de la democracia. Los manifestantes tachan de «golpistas» a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche. Las personas que asisten a las marchas no perdonan a Curruchiche que estuviera a punto de echar al traste los 653.000 votos que catapultó al Movimiento Semilla a quedar en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones en Guatemala celebrada el 25 de junio. De su despacho emanó la solicitud al juez del Juzgado Séptimo, Fredy Orellana, para que ordenara la suspensión de la personalidad jurídica del Semilla. El juez aceptó la petición y horas antes de oficializarse los resultados de los comicios, dio un plazo de 24 horas al Tribunal Supremo Electoral para que cancelara al partido, cuyo candidato, Bernardo Arévalo de León, aspira a la Presidencia del país en la segunda vuelta del 20 de agosto. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad puso orden y otorgó un amparo a Semilla impidiendo que se hiciera realidad la petición del fiscal al ir en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Concretamente, el jefe de la FECI ha puesto en marcha un caso denominado ‘Corrupción Semilla’, dado que considera que «existen indicios de que posiblemente, más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente a este partido político falsificándoles su letra y firma». Asimismo, señala que fueron inscritos a la formación «12 personas fallecidas». EEUU, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos ya han rechazado la intención de poner en jaque la democracia y el Estado de Derecho, si bien el fiscal no se ha amilanado y su Fiscalía ha allanado en dos ocasiones el Registro de Ciudadanos del TSE, mientras que el 23 de julio registró la sede de Semilla de donde se llevó documentación sobre su proceso de constitución en 2018.
Desde que Consuelo Porras fue nombrada jefa de la Fiscalía en 2018, una treintena de fiscales, jueces y periodistas salieron del país tras ser investigados y perseguidos, por lo que denuncian que se hallan en el ‘exilio’. Entre ellos, el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien, al momento de ser removido de su cargo en julio de 2021, estaba investigando la presunta vinculación de una trama rusa con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei con una supuesta alfombra llena de dinero de por medio a cambio de poder controlar un puerto marítimo. Ya se han girado contra Sandoval cinco órdenes de captura por investigaciones de Curruchiche. Una de ellas, por la que incluso un juez ha solicitado su extradición desde EEUU, está relacionada con el caso que afecta al presidente y fundador de El Periódico, José Rubén Zamora, quien lleva un año en prisión y que fue condenado a seis años de cárcel el pasado 14 de junio por lavado de dinero y otros activos. La FECI recurrió la sentencia, ya que pidió contra Zamora 40 años de reclusión por intentar disponer de 300.000 quetzales (37.500 euros) cuyo origen era ilícito.
‘EXILIO’ O CÁRCEL
Curruchiche y su jefa Consuelo Porras también han arremetido contra la ex fiscal general, Thelma Aldana, quien se encuentra en el «exilio» de EEUU desde hace más de tres años, al haber cinco órdenes de captura en su contra. Aldana denuncia que huye de la «persecución» por parte de la institución que ella misma dirigió entre el 2014 y 2018, durante los cuales investigó multitud de casos de corrupción que afectaron, entre otros, al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, en prisión desde septiembre de 2015. Aldana destapó estos casos de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que operó en el país desde el 2007 hasta el 2019 cuando el expresidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato, debido a varias investigaciones en su contra por financiamiento electoral ilícito de su partido FCN-Nación en las elecciones de 2015 que ganó.
Precisamente, Curruchiche dirigía por entonces la Fiscalía de Delitos Electorales, que debía investigar a la formación del exmandatario, si bien las pesquisas se estancaron y el proceso quedó en nada. Ello provocó que la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, lo denunciara en 2019 por incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y abuso de autoridad. Ello no evitó que Consuelo Porras lo ascendiera a jefe de la FECI e incluso Aifán renunció en marzo de 2021 como jueza tras 19 años de trabajo y también salió al «exilio» de EEUU huyendo de las «persecuciones, amenazas y hostigamientos». El diario digital El Faro publicó que la jueza tenía en su despacho una denuncia que revelaba que, en el 2009, cuando el actual mandatario del país, Alejandro Giammattei, aspiraba a la Presidencia, negoció con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de 2,6 millones de dólares para su campaña electoral, a cambio de dejar al funcionario en su puesto.
Mientras, varias ex fiscales que trabajaron con Sandoval y la CICIG han acabado en la cárcel. Entre ellas, la ex jefa de la FECI en el Departamento de Quetzaltenango, Virginia Laparra, presa desde febrero de 2022 por haber denunciado en cuatro ocasiones en 2018 las malas prácticas de un juez al que acusó de filtrar información a un abogado. La causa contra el juez fue cerrada e incluso el Congreso lo eligió Relator Contra la Tortura, mientras que a ella la condenaron en diciembre del pasado año a cuatro años de prisión por abuso de autoridad, pese a que la ONU ha tachado de «arbitraria» su detención por «ejercer sus derechos y libertades fundamentales».
Curruchiche, quien asumió la jefatura de la FECI en agosto de 2021, fue incluido el pasado año en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos. El Departamento de Estado lo acusó de «obstruir las investigaciones de actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y miembros de la CICIG». Asimismo, Consuelo Porras fue incluida en la misma Lista en 2021 y EEUU la acusa de «actos corruptos que socavan la democracia en Guatemala» al destituir a fiscales que investigaban la corrupción. Pese a ello, Giammattei la reeligió para cuatro años más y su mandato concluye en 2026.
