El primer ministro británico, Rishi Sunak, salvó por una diferencia de 44 votos el extraordinario proyecto de ley que designa Ruanda como un país seguro en la esfera de asilo y migración, y acoraza el tratado acordado con el Gobierno de Kigali para acoger refugiados y tramitar en suelo africano sus solicitudes de ayuda. Contiene medidas dirigidas a impedir recursos de apelación en los tribunales, que ponen en cuestión su legitimidad constitucional y respeto del Derecho universal. Es una pírrica victoria que coloca al jefe del Gobierno conservador entre las cuerdas.

La derecha del partido gubernamental retó la autoridad de Sunak y promovió la abstención en la ‘segunda lectura’ de esta propuesta legislativa, que reafirma la soberanía del Parlamento de Reino Unido, limita las competencias de los tribunales británicos, deja de aplicar secciones de la Convención Europea de Derechos Humanos y reconoce el poder de un cargo ministerial para ignorar resoluciones de la Corte de Estrasburgo u otros foros internacionales que bloqueen el envío de uno o más refugiados a Ruanda.

Titulado formalmente ‘Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración)’, recoge la respuesta de Sunak al Tribunal Supremo del Reino Unido, que juzgó ilegal la entrega al país africano de migrantes, donde se procesarían sus peticiones de asilo, en el contundente fallo emitido el 15 de noviembre. La propuesta de ley, que el Gobierno está tramitando con urgencia, refuerza legalmente el Memorando migratorio-comercial de 2022 entre los dos países, que ha sido elevado a la categoría de Tratado bilateral con condiciones vinculantes para ambas partes firmantes.

El proyecto de ley se cobró una baja ministerial días atrás, en la figura del secretario de Estado Robert Jenrick, quien criticó los «enormes defectos» del borrador y reivindicó la «soberanía» del Parlamento de Westminster en su intervención en el debate de la Cámara de los Comunes, que precedió a la votación.

La sesión la abrió el nuevo titular de Interior, James Cleverly, quien presentó el plan Ruanda como una «solución innovadora y humana» a la crisis migratoria que afecta a Reino Unido en menor medida que a sus viejos socios europeos. Las propuestas pretenden proteger la exportación de migrantes a África del «interminable ciclo de desafíos legales» y se «acercan muy al límite» de la legalidad constitucional, aunque encuadran «dentro del marco de la legislación internacional», según sostuvo el ministro.

El plan Ruanda ha costado unos 400 millones de euros en fondos adelantados a los socios africanos sin que un solo avión haya despegado con migrantes hacia Kigali, según denunció la responsable laborista del Interior, Yvette Cooper. Para su jefe, Keir Starmer, es una «farsa» que acabará si la formación de centro izquierda gana las elecciones de 2024, como proyectan las encuestas.

El texto legal supone un equilibrio de fondo para evitar la quiebra del partido y el gobierno conservador. Contiene medidas para contentar al grupo parlamentario o, al menos, prevenir la hemorragia de apoyos tanto de la derecha como de los centristas que han recuperado peso y voz bajo la dirección de Sunak. El primer ministro pidió una vez más el consenso de todas las facciones- repitió esta semana el mensaje de «unión o muerte» que lanzó al hacerse con el liderazgo hace catorce meses- y se declaró dispuesto a «ajustar» el contenido de la propuesta durante su tramitación parlamentaria.

Por lo pronto, los moderados tories – el grupo más numeroso con un centenar de diputados- indicó la víspera que votaría a favor en esta fase inicial del proceso. Advirtieron sin embargo que retirarán su respaldo si el primer ministro responde a las inquietudes de la abstencionista ala reaccionaria y acepta enmiendas contrarias a las normas internacionales en migración, asilo y derechos humanos.

La gravedad de la situación llevó a Downing Street a ordenar el retorno desde Dubai del secretario de Estado de Cambio Climático a fin de asegurar su presencia durante la votación. Otros partidos también llamaron a filas a sus miembros, entre ellos, una delegación de diputados que suspendió un proyectado viaje oficial al Caribe.