Donald Trump ha sido imputado por cuarta vez. En esta ocasión, ha sido la Fiscalía del condado de Fulton, donde está la ciudad de Atlanta, quien lo ha hecho. El motivo del procesamiento es similar al de otro de los casos que afronta el ex presidente, por el que fue imputado hace dos semanas: su intento de robar las elecciones de 2020.
La acusación ha presentado 41 cargos contra Trump, por un total de 161 presuntos hechos delictivos. También han sido procesados 18 colaboradores del ex presidente, incluyendo a su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, y al ex alcalde de Nueva York y ex candidato a presidente en 2008, Rudy Giuliani, que también está imputado en otro de los casos de Trump.
La clave de la imputación son tres palabras: «asociación de malhechores«. En inglés se dice racketeering, una palabra que nació en 1928, durante la explosión del crimen organizado provocada por la prohibición del alcohol de la Ley Seca, y que se asocia directamente a la mafia. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, ha usado contra Trump y su equipo la llamada ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia, según sus siglas en inglés), un actrónimo que se aplica a una ley federal y a otras 32 en otros tantos estados creadas en la década de los 70.
En Georgia, esa norma tiene un alcance muy amplio, lo que ha permitido a Willis imputar a gran parte de los colaboradores del ex presidente. En un sorprendente giro de la historia, Giuliani, que ahora está imputado en Georgia, labró su perfil político el 19 de noviembre de 1986 cuando, como fiscal en Manhattan, usó la Ley RICO para procesar a los líderes de las cinco familias de la mafia en esa ciudad.
Eso puede ser relevante en el juicio, ya que es más fácil que 19 imputados traten de echarse la culpa unos a otros o incurran en contradicciones. Porque Willis quiere que todos los procesados sean juzgados en el mismo proceso, algo que es en teoría es técnicamente posible. Asimismo, Willis ha lanzado el mensaje de cara al futuro, especialmente de cara a las elecciones de 2024, en las que Trump se presenta y muy probablemente será el candidato republicano: asociarse al ex presidente en posibles intentos de robar las elecciones puede tener consecuencias penales. Para hacer las cosas aún más espectaculares, en Georgia es habitual que los juicios se retransmitan en directo, ya sea por televisión o por internet.
Una imputación diferente
Esta imputación es diferente de la que Trump recibió hace dos semanas, también por su intento de revertir los resultados electores de 2020, porque se limita a lo que hizo en Georgia, uno de los estados en los que insistió en que había ganado a Joe Biden. Entre los actos delictivos incluidos en los 97 folios de la imputación está la famosa llamada telefónica en la que el entonces presidente pidió a las autoridades locales que buscaran los 11.780 votos necesarios para que pudieran ganar unos comicios que, casualmente, había perdido por 11.769 papeletas. Otras presuntas acciones delictivas delitos incluyen intimidación a funcionarios y robo e intento de manipulación de datos informáticos.
Con este procesamiento, el ex presidente afronta nada menos que 119 cargos penales en contra. Los 78 casos de los tres casos previos a éste acarrean unas penas máximas combinadas de 199 años de cárcel. Esos tres procesos son uno en el estado de Nueva York por falsedad documental para violar la legislación de las campañas electorales, y dos más, del Estado federal (el equivalente, con todas las salvedades posibles, de la Administración central española), por la retención de secretos de Estado después de dejar la Casa Blanca y por su intento de robar las elecciones.
Donald Trump reaccionó con su habitual agresividad ante la noticia, lanzando una serie de mensajes en su red social Truth que, según algunos, podría constituir en sí mismos un delito de amenazas contra Willis o los testigos del caso, incluyendo el propio vicegobernador de Georgia, Jeff Duncan, que pertenece, al igual que el presidente, al Partido Republicano. De hecho, una de las grandes paradojas de las cuatro imputaciones por presuntos delitos penales que lleva Trump este año es que la práctica totalidad de los testigos de la acusación son republicanos. El ex presidente, además, ha perdido un caso civil por abuso sexual. El recurso del ex mandatario contra esa decisión judicial fue sido desestimado por la Justicia la semana pasada.
Motivaciones políticas
Desde que se hizo público el auto de procesamiento, Trump y sus seguidores han pasado a decir que la acusación tiene motivaciones políticas. Si en su anterior procesamiento, hace dos semanas, el ex presidente comparó a Estados Unidos con la Alemania nazi, esta vez lo ha hecho con China, Corea del Norte e Irán. Su campaña ha acusado a la «clase dirigente» de estar detrás de las acciones de Willis, y el Partido Republicano, como viene siendo habitual, ha cerrado fialas en torno al que se perfila como su candidato a la Casa Blanca en 2024. Entretanto, el Gobierno de Joe Biden ha continuado con su estrategia de no comentar decisiones judiciales, mientras que los líderes demócratas se han limitado a defender la independencia de la Justicia. Hace tres semanas, Trump amenazó con el uso de la violencia por sus seguidores si va a la cárcel.
Entretanto, el asunto sigue. Y su impacto mediático y político podría dispararse en los próximos días. El que estos casos hayan sido presentados por Georgia tiene consecuencias importantes. Willis ha dado hasta el viernes a las 12 del mediodía hora local -seis de la tarde en España- a Trump para que se presente en el juzgado de Atlanta y sea oficialmente arrestado, lo que en la práctica significa que le serán tomadas las huellas dactilares y el juez le leerá los cargos en su contra, a los que él se declarará inocente.
En los tres procesos similares por los que Trump ha pasado este año, en Nueva York, Miami y Washington, las autoridades evitaron al ex presidente pasar por la humillación de que le tomen una foto de frente y otra de perfil. El sheriff del condado de Fulton, Pat Labat, ha dicho, sin embargo, que si Trump es arrestado «salvo que me digan lo contrario, vamos a seguir los procedimientos habituales, así que no importa lo que seas, vamos a hacerte las fotos».
En el largo plazo, el procesamiento de Trump puede tener consecuencias mucho más serias. La más obvia es que, si el ex presidente es juzgado y declarado culpable, tendrá que cumplir la condena, incluso aunque gane las elecciones de 2024 y sea presidente. Es decir, no podrá usar su prerrogativa como jefe del Estado y del Gobierno para autoperdonarse, una posibilidad que él mismo ha planteado en otros dos casos. Eso se debe a que el presidente puede perdonar los delitos federales, pero no los de los estados. En otras palabras: en Georgia y en Nueva York -donde ha sido imputado por falsedad documental para violar la ley que regula las campañas electorales- no son, en el caso de que acaben con una condena, revocables bajo ningún concepto.