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El atrevimiento le costó muy caro. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), han detenido y trasladado este martes a sus dependencias al teniente coronel Alfredo Lizcano, del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda, que comprende parte de Caracas. La policía política de Nicolás Maduro actuó después de que se viralizara en redes sociales un vídeo del comandante, con 34 años de servicio, en el que mostraba su descontento y exigía el cumplimiento del pago de un bono económico ofrecido por la revolución para Navidad.

«Ofrecieron un bono de 150 dólares a los empleados públicos, los cuales se entregaron al CICPC (Policía Científica), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la Policía Nacional (PNB) y a directivos de los bomberos a nivel nacional», se quejó Lizcano, para más adelante exigir a la Presidencia de la República y al propio Nicolás Maduro un diálogo que no ha existido en este caso.

«Yo le exijo señor presidente, como venezolano que soy, como socialista que soy. Yo le pido hoy 24 de diciembre cuando en mi hogar no hay hallacas, no hay pernil (comidas tradicionales navideñas en Venezuela), no hay nada para mis hijos», sentenció el comandante de Bomberos.

Maduro ha impuesto en los últimos años el pago de bonos económicos para compensar el paupérrimo salario mínimo de los empleados públicos, que también marca a la empresa privada. En la actualidad gira en torno a los cuatro y cinco euros mensuales, compensados por unos bonos que se reparten a discreción y conveniencia del chavismo.

La nueva detención se produce solo cinco días después de que seis dirigentes sindicales, alguno de ellos cercanos al movimiento marxista Bandera Roja, obtuvieron la libertad tras año y medio entre rejas por llamar a las protestas laborales contra el gobierno. Los seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de cárcel por rebelión.

El chavismo suele intimidar y perseguir a quienes protestan, ya sea por redes y en las calles, para evitar nuevas protestas. Quienes obtienen la libertad en poco tiempo sufren desde entonces medidas judiciales o policiales para no manifestarse públicamente.

«En Venezuela lo único que aumenta es el transporte público, los servicios básicos y el riesgo a ser judicializados si tenemos la valentía de exigir aumento salarial. Con encarcelar a un bombero no se mejora la crisis económica que afecta a este componente», denunció Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, uno de los colectivos más combatientes, junto a los maestros.