- Estados Unidos ‘Ola azul’: los demócratas arrasan en las midterms y recuperan el control total del Congreso triunfando en Texas o Kansas
- Tras las midterms JD Vance da un paso al frente, desafía a Trump y hace autocrítica: «La razón por la que perdimos estas elecciones es la guerra de Irán»
El congresista californiano Robert Garcia, hasta hace poco el número dos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, envió anoche un escueto comunicado a la prensa tras la arrolladora victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato. Tras el triunfo, García asumirá la presidencia del Comité de Supervisión, donde se ha comprometido a «combatir a la familia criminal Trump, la corrupción corporativa, los abusos del Departamento de Seguridad Nacional y el ICE, y el encubrimiento de los archivos de Epstein». Su declaración tenía sólo dos palabras: «Lawyer up«. Vayan buscando abogados.
El tsunami azul que ha devuelto el control de las dos cámaras del Congreso a la oposición a Donald Trump va a tener muchísimas consecuencias, algunas de ellas inmediatas. La primera, la renuncia del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el republicano de mayor rango después de Trump y JD Vance. La legislatura que ahora termina ha mostrado el lado más débil, expuesto y sumiso del Poder Legislativo. Los republicanos tenían una mayoría muy escasa, pero los demócratas estaban completamente desnortados tras las presidenciales de 2024. Sin líderes, con una crisis de identidad devastadora, perdidos en debates y críticas internas, sin rumbo ni brújula, consumidos por la cuestión identitaria y el choque entre el pragmatismo y el alma woke. Fueron incapaces de hacer frente al presidente en nada durante su primer año, y en el segundo les costó arrancar la maquinaria.
Pero ahora, con un Trump evidentemente tocado, que ha mostrado su lado más vulnerable, cuestionado por los votantes y por sus congresistas y senadores, la historia puede ser muy diferente. El Congreso tiene poder suficiente si es capaz de activarse y en el pasado ha sido una máquina formidable de pesos y contrapesos. La obsesión progresista es barrer al trumpismo y cerrar la era MAGA en 2028, y por eso el primer mensaje de la nueva mayoría es que no sólo van a usar esta mayoría para contrarrestar los aranceles, las políticas económicas de Trump, la guerra de Irán, sino también para ir a por el presidente y su equipo. Por lo civil y por lo criminal.
A partir de enero de 2027, cuando tome posesión el nuevo Congreso, los demócratas tendrán capacidad para bloquear iniciativas legislativas, frenar o condicionar sus nombramientos y, sobre todo, poner en marcha una intensa ofensiva de supervisión e investigación sobre su Administración. Esto incluye juicios políticos e intentos de destitución. El principal quebradero de cabeza para Trump y su entorno serán las investigaciones parlamentarias. Los demócratas ya han anunciado que utilizarán sus nuevas competencias para examinar posibles casos de corrupción, conflictos de intereses y abuso de poder dentro de la Administración, así como los negocios y las actividades empresariales del presidente, sus familiares y sus aliados.
Podrán citar a los responsables de las agencias gubernamentales, llevar a funcionarios de la Administración al Capitolio para audiencias públicas e investigar al presidente y sus aliados. «Tendremos un Congreso que reconoce que no trabajamos para el presidente», avisó anoche el hasta ahora líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien ahora se perfila como el próximo presidente de la Cámara.
El material a disposición es ingente y por eso el presidente, durante el fin de semana, dijo abiertamente que estaba contemplando aprobar perdones preventivos a sus principales colaboradores, o a Elon Musk (no sólo el hombre más rico del mundo, sino el que estuvo al frente de DOGE, la iniciativa para desmantelar el Estado en nombre de la eficiencia). Joe Biden marcó el camino protegiendo a sus familiares y a algunos señalados de su Gobierno días antes de su salida del poder y Trump ha tenido claro desde entonces cómo iba a proceder. Fue de hecho el compromiso implícito para buena parte de su equipo, que ha actuado siguiendo ciegamente sus órdenes, al límite o sobrepasándolo sin rubor, con la sensación siderándose cubierto.
Lo más jugoso, viendo los precedentes, es intentar tumbar al presidente. Por eso no se puede descartar que los demócratas impulsen un nuevo proceso de impeachment contra Trump. Ya lo hicieron dos veces en el su primer mandato. Pero una cosa es abrirlo o que la cámara baja lo respalde, como sucedió entonces, y otra conseguir que abandone la Casa Blanca. Para condenarlo y echarlo del cargo se necesitan dos tercios del Senado, una mayoría que los demócratas no tienen. Pueden llegar a 56 o 57 si logran imponerse en Alaska o Misisipi, pero aun así necesitarían que cerca de 10 republicanos dieran el drástico paso. Hubo unos pocos dispuestos, pero les acabó costando caro.
En cualquier caso, Trump afronta dos años en los que tendrá que defenderse de una ofensiva de investigaciones, comparecencias, citaciones y posibles revelaciones que podrían debilitar aún más su presidencia. El control del Congreso es también en Estados Unidos una herramienta formidable para fijar la agenda mediática, los temas de los que se discute cada día.
El primer señalado, sin duda, es su secretario de Defensa, Pete Hegseth. No es sólo uno de los más detestados por los demócratas, y no sólo por la guerra de Irán. Es también el eslabón más débil, quien más enemigos tiene en todas partes, el más fácil probablemente para enviar una señal. Quizás sin esperar siquiera a enero. Los rumores de esta campaña decían que aspiraba a ser nombrado senador por Tennessee cuando Masha Blackburn, la actual ocupante del puesto, lo deje para ser gobernadora del estado. Su cabeza sería un triunfo más que simbólico.
El segundo, el director del FBI, Kash Patel, acusado de beber en el cargo, de usar los recursos de la organización para viajar en avión privado o proteger a su novia. Señalado por un reciente viaje a Moscú, por el cese injustificado y despido de decenas de agentes porque en el pasado, cumpliendo su trabajo, habían investigado a Trump o sus aliados. Es una figura con pocos amigos y un blanco claro.
Con los resultados que se han dado, la Casa Blanca pierde el control de la agenda legislativa. No es que haya sido precisamente la prioridad de Trump, que gobierna a través de órdenes ejecutivas, pero tendrán casi imposible aprobar leyes y enormes dificultades para nombrar cargos. El nuevo Senado podrá bloquear nominaciones presidenciales, incluidos jueces y magistrados del Supremo, si es que hubiera novedades inesperadas y alguno de los actuales decidiera retirarse o falleciera.
«Prepárense para dos años de guerra partidista total (…) Creo que Schumer y los demócratas simplemente paralizarán a todos los jueces, lo que significa que si tenemos una vacante en la Corte Suprema, la mantendrán la vacante abierta durante dos años (…) Creo que también veremos dos años de destituciones implacables. Creo que la Cámara buscará destituir a Donald Trump, pueden hacerlo varias veces. Veremos citaciones. Veremos investigaciones. Creo que irán tras el presidente Trump. Creo que irán tras su familia y miembros del gabinete (…) Asumo que que en el período de pato cojo veremos una destitución de Pete Hegseth», declaró anoche en televisión el influyente senador tejano Ted Cruz.
El que se presume próximo speaker, el líder de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha dicho que su prioridad será revertir los recortes de Medicaid, ampliar las ayudas de la ley sanitaria ACA, devolver al Congreso su autoridad sobre los aranceles y detener la guerra con Irán. Pero entre sus filas hay ganas de Justicia… y de venganza. Quieren ajustar cuentas tras dos años en los que el Ejecutivo ha actuado con casi libertad absoluta.
En la noche electoral Trump colgó en sus redes sociales una reveladora imagen de una guerra roja con la palabra VETO en mayúsculas. Ya había dicho el fin de semana que empezaría a vetarlo todo si perdía el Congreso, pero anoche, en alguna de las muchas entrevistas que concedió para analizar los resultados, dijo con cierta pena y resignación que no quería terminar sus días en política simplemente sentado y paralizando las acciones de sus rivales.
La Comisión de Supervisión, la que previsiblemente presidirá Robert Garcia, quiere investigar el patrimonio de la familia Trump desde su regreso a la Casa Blanca, ya que han ganado miles de millones de dólares. Buena parte en criptomonedas (mientras legislaban sobre ellas), parte en inversiones en empresas que han recibido contratos del Gobierno, parte por donaciones de gobiernos extranjeros. O directamente por uso y abuso de información privilegiada. El presidente en estos dos años ha hecho una fortuna en Bolsa, con miles de operaciones, algunas poco antes de grandes decisiones políticas que movieron el mercado.
La familia de Trump
Ya hay mucho trabajo previo sobre el papel de Donald Trump Jr. y Eric Trump, responsables del holding familiar, por sus inversiones en empresas de cripto y fondos de capital riesgo que podrían haberse beneficiado de contratos o decisiones del Gobierno. Sobre Jared Kushner, yerno de Trump, por sus negocios internacionales y sus relaciones con inversores extranjeros, sobre todo de Oriente Próximo, mientras es uno de los dos principales negociadores de paz de la Administración en la misma región. Otro ejemplo: el Congreso podría investigar quién autorizó y con qué argumentos los visados a Flávio Bolsonaro, el senador brasileño que huyó de su país tras perder las elecciones con Lula hace unas semanas y se ha refugiado en Florida. Pero hay muchísimo más en la lista.
El caso Epstein es uno de los asuntos que los demócratas quieren convertir en una de sus grandes batallas políticas. Garcia ha anunciado su intención de celebrar audiencias públicas para esclarecer cómo ha gestionado el Departamento de Justicia la publicación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein y por qué determinados archivos o páginas no se han hecho públicos. Entre los candidatos principal a ser examinados está Todd Blanche, fiscal general desde que Trump cesó a su jefa Pam Bondi, por la gestión del expediente y las decisiones del Departamento de Justicia. Garcia también quiere investigar las condiciones de encarcelamiento de Ghislaine Maxwell, la ex pareja, amiga, confidente y socia de Epstein y la única condenada hasta el momento. Cumple pena de prisión pero tras entrevistas privadas con Blanche fue cambiada a una cárcel más suave y se especula si a cambio de promesas de exculpar al presidente de cualquier comportamiento ilícito.
Los abusos del ICE y las actuaciones del Departamento de Seguridad Nacional son críticas para los demócratas y para millones de ciudadanos por todo el país. Dos de las imágenes más poderosas de la noche se vieron en Mineápolis y en Houston, donde cientos de votantes llevaron las pegatinas que en Estados Unidos dan en los colegios electorales para que los ciudadanos luzcan que han ejercido su derecho a los lugares donde fueron abatidos Alex Pretti, Renée Good o Lorenzo Salgado Araujo. García ha anunciado que investigará las actuaciones de los agentes de inmigración y las posibles vulneraciones de derechos civiles durante las operaciones de deportación de la Administración Trump. Ahí los principales responsables que podrían comparecer son Kristi Noem, ex secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Gregory Bovino, el cesado jefe de la patrulla fronteriza. O Tom Bohman, el zar fronterizo migratorio de Trump.
El futuro presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, el demócrata Jamie Raskin, quiere investigar igualmente si Trump ha utilizado el Departamento de Justicia y el FBI para perseguir a sus adversarios políticos. Entre los nombres que aparecen en esta línea de investigación están James Comey, ex director del FBI, cuya persecución judicial podría ser examinada para determinar si hubo motivaciones políticas. Letitia James, fiscal general de Nueva York, también objeto de actuaciones judiciales impulsadas por la Administración. John Brennan, ex director de la CIA, por las investigaciones y actuaciones dirigidas contra antiguos responsables de los servicios de Inteligencia. Y los defensores del fondo de 1.800 millones de dólares impulsado por Trump para compensar a personas que alegan haber sido víctimas de la supuesta instrumentalización política del Gobierno federal. Esto es, sus aliados, incluyendo los condenados por asaltar el Capitolio en 2021. Uno de los directores del FBI, en Chicago, presentó una denuncia esta semana por su cese, argumentando que se produjo por no querer perseguir a los enemigos de Trump.
Algo especialmente sensible para el presidente es el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, su gran obsesión de la que habla sin parar, y los contratos públicos. La investigación podría alcanzar a empresas contratistas, donantes y empresarios que mantienen relaciones con el presidente para determinar si hubo promesas a cambio de las aportaciones económicas.
La Comisión de Servicios Armados, que previsiblemente presidirá el demócrata Adam Smith, quiere investigar la decisión de Trump de entrar en guerra con Irán, los argumentos jurídicos utilizados para justificarla y la ausencia de autorización previa del Congreso. Buscan asimismo un análisis en profundidad sobre las bajas militares estadounidenses, las víctimas civiles, los daños en bases de Oriente Próximo, la información aportada por Israel. O los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, que han matado a decenas de personas sin ningún tipo de escrutinio.
